Mejoras de la Ley de Segunda Oportunidad tras la sentencia del Tribunal Supremo

mejoras Ley Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad abrió una vía para que personas físicas, autónomos o particulares, pudieran liberarse de sus deudas en caso de insolvencia. A pesar de su utilidad, su aplicación práctica ha sido escasa en nuestro país hasta hace poco, principalmente por el desconocimiento y las lagunas en su implantación.

Afortunadamente, la Ley de Segunda Oportunidad ha realizado avances desde 2015 hasta hoy, lo que ha motivado un aumento de solicitudes del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), es decir, la cancelación de las deudas.

En parte, este incremento se debe a la sentencia 381/2019, de fecha 2 de julio de 2019, del Tribunal Supremo.

¿Cuál es la clave de esta sentencia?

El Tribunal Supremo abordó los requisitos para conseguir la exoneración de deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad desde una nueva perspectiva. Entre sus principales conclusiones respecto al BEPI, destacan estas:

1. Exoneración del crédito público

Hasta ahora existía la duda de si los créditos públicos entraban en el BEPI. La interpretación del Supremo hace hincapié en que los deudores que quieran liberarse de sus deudas con Hacienda o la Seguridad Social podrán hacerlo sin tener que pagar íntegramente el crédito público.

2. Exoneración flexible

El Tribunal Supremo considera que los deudores insolventes deben tener acceso a un procedimiento de exoneración flexible. De esta forma, quienes se acojan a la Ley de Segunda Oportunidad podrán optar a las dos alternativas legales existentes: exoneración inmediata o exoneración diferida mediante un plan de pagos. Además, se podrá cambiar de uno a otro sistema.

3. Aplazamiento o fraccionamiento de deudas no exonerables

Las deudas que no se pueden cancelar mediante el BEPI se podrán aplazar y fraccionar sin necesidad de consentimiento de Hacienda, Seguridad Social u otro organismo público. Será el juez quien decida sobre el aplazamiento y fraccionamiento, según la capacidad de pago del deudor.

4. Posibilidad de reducir el importe de los créditos públicos

La sentencia del Tribunal Supremo abre una vía para que, en ciertos casos, se puedan reducir los créditos, incluso públicos, dentro del plan de pagos.

Tras estudiar las circunstancias particulares, el juez puede aprobar una quita para ajustar las cantidades a lo que el deudor pueda satisfacer razonablemente en el plazo legal de cinco años.

En esta sentencia el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 y la Directiva UE 2019/1023. De esta forma se facilita la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad y la exoneración de deudas privadas y públicas de personas físicas al mismo nivel que en otros países de la Unión Europea.

La Ley de Segunda Oportunidad ha dado un importante paso para que las personas sobreendeudadas puedan rehacer su vida con dignidad.

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